Desde la creación de
CORDIPLAN en 1958 hasta el presente, se han formulado un conjunto de planes de
desarrollo que expresan la evolución metodológica y socio-histórica del país,
así como los diferentes tratamientos de los aspectos políticos, sociales,
institucionales y legales que abarcan los distintos niveles de planificación.
Es por ello que la planificación como instrumento del
desarrollo ha sido una constante que se ha visto reflejada en los diferentes
planes nacionales. Desde sus inicios en 1959 hasta 1973 – tres períodos
presidenciales -, predominó el Modelo de Desarrollo de Sustitución de
Importaciones. El rol del Estado podría calificarse de "rentista y
paternalista", y todos los sucesivos Planes de la Nación tuvieron el
enfoque normativo de la planificación.
En el período 1974 – 1978, con el que coincide el aumento
de los precios del petróleo, se enfatiza el Modelo Desarrollista con
un Estado paternalista y capitalista que invierte en empresas e industrias,
por lo cual se ganó el calificativo de "Estado Omnipotente".
Otro momento relevante, ocurrió en el diseño del
Plan de la Nación en 1979 (Séptimo Plan), cuando por primera vez se
introduce un Modelo de Planificación Estratégica Situacional. Esto no pasó
de ser un ejercicio metodológico pues no contó con el sustento político para su
viabilidad.
Al cambiar los paradigmas que se manejaron en el
mercado internacional, se introdujo con gran fuerza el Modelo Neoliberal,
avalado por organismos internacionales, cuyos principios básicos están
referidos a la globalización de la economía y la competitividad de
los mercados. Al referirse a la situación de América Latina y otros países
llamados del Tercer Mundo, el nuevo enfoque considera a la pobreza una
limitante para su desarrollo económico. De allí surge la necesidad de crear
programas y proyectos que compensen el impacto social de las políticas de
ajuste que el modelo neoliberal introduce como vía para mejorar los indicadores macroeconómicos.
En el modelo neoliberal, el Estado ya no sería
rentista, paternalista ni empresario, sino que reduciría sus dimensiones a
través de estrategias de privatización, descentralización y reforma del
Estado para hacerlo más eficiente en aquellas áreas prioritarias que se
determine como responsabilidad estatal.
